Es posible que los empleadores tengan que recopilar, utilizar y divulgar información personal, incluido el historial de viajes y el estado de salud, para prevenir o controlar la propagación y el riesgo de la COVID-19 en el lugar de trabajo. Los empleadores deberían asegurarse de que los procedimientos y las prácticas estén en consonancia con la legislación nacional sobre la divulgación de información sanitaria.

En la Recomendación de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171) se indica que debería protegerse la intimidad de los trabajadores y procurar que la vigilancia de la salud no sea utilizada con fines discriminatorios ni de ninguna otra manera perjudicial para sus intereses.

Por lo general, los empleadores no deben revelar los motivos que justifican la licencia de un trabajador o de los acuerdos de trabajo a distancia, excepto en el caso de aquellos trabajadores que requieren esa información para desempeñar sus funciones laborales. Si hay trabajadores que han estado expuestos a un riesgo elevado a causa de la COVID-19 en el lugar de trabajo, los empleadores deberían notificárselo siempre que sea posible. La consideración de qué constituye riesgo elevado variará según el tipo de trabajo y la persona con la que hubieran mantenido contactos y debería determinarse en consulta con el personal médico calificado.

El empleador en cumplimiento de las disipaciones legales debe notificar a las personas que hayan estado en contacto con el trabajador diagnosticado como caso positivo de COVID-19. Al elaborar esas notificaciones, los empleadores deberían hacer esfuerzos razonables para no revelar información que pudiera, por sí sola o en combinación con la información pública que haya disponible, identificar a la persona. Por el contrario, la finalidad de esta medida es proporcionar a los trabajadores potencialmente expuestos información suficiente para recabar asesoramiento médico y, de ser necesario, tratamiento.